Evita poner 'peros' a la reforma del voto emigrante a debate en la subcomisión del Congreso, una modificación que no saldrá adelante si no cuenta con el consenso de PP y PSOE ya que exige del apoyo de tres quintos de la Cámara. Sin embargo, para quien lea entre líneas, la directora de la Ciudadanía Española en el Exterior con el Gobierno de Zapatero, la lucense Pilar Pin, deja entrever la dificultad que supone poner en marcha el voto en urna en el exterior tanto por las dificultades técnicas como logísticas. "Haría caer la participación y, además, si no se informatizan los colegios electorales, introduciría el riesgo del doble voto", avisa.
R. PRIETO | A CORUÑA: laopinioncoruna.es
-En su toma de posesión, aseguró que su objetivo era garantizar a los españoles en el exterior los mismos derechos que los residentes. ¿El de sufragio también?
-No, porque el voto emigrante no depende del Ejecutivo. El voto exterior es un derecho constitucional que no depende del Gobierno sino de las leyes orgánicas que lo reglamentan. No es una cuestión que un Ejecutivo pueda cambiar. Si existe una ley, la Administración pública lo que tiene que hacer es poner los medios necesarios para que su cumpla.
-¿Comparte el acuerdo anunciado por Guerra sobre la reforma del voto emigrante pactado en la subcomisión del Congreso: veto a los emigrantes en las municipales, extensión del voto rogado a las autonómicas y generales y aplicación del voto en urna?
-No me voy a meter en el contenido de esa propuesta de la subcomisión. Se trata de propuestas que vienen de los grupos parlamentarios que apoyan la reforma, los mayoritarios más PNV y CIU, con abstención de Izquierda Unida y Coalición Canaria. En el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (el pasado martes), se llamó a comparecer a los grupos políticos. La pregunta fundamental estuvo relacionada con su posición en relación a la propuesta que se lleve desde la subcomisión a la comisión correspondiente.
-Viendo el modelo que se aplica en otros países del entorno como Portugal o Italia, que cuentan con una circunscripción propia para la emigración en el Congreso, ¿se puede extender este modelo a España, tal y como reclama la diáspora?
-Una reforma constitucional requiere consenso. Es complicado, aunque no es descartable.
-¿Comparte que el voto emigrante esté vinculado a la nacionalidad o sólo a la residencia o vecindad?
-Eso es algo que tiene que dilucidar la subcomisión del Congreso y el Parlamento.
-Extender a las elecciones autonómicas y generales el voto rogado que ahora sólo se aplicaba en las municipales y que suponía una participación de tan sólo un 5%, ¿en la práctica se traduce en un recorte de derechos?
-Esa es la interpretación que hace la emigración. Lo que está haciendo la subcomisión del Congreso es un planteamiento jurídico y de carácter general. Luego habrá que ver las cuestiones técnicas. Yo siempre hago un llamamiento a que las consideraciones sobre el sistema de voto deben acompañarse de una reflexión sobre los aspectos técnicos que comporta el desarrollo de esos acuerdos. Lógicamente, si se mantiene el voto en urna y el voto por correo y no se controlan los sistemas para su aplicación se pueden dar situaciones de doble voto.
-Para la colectividad en el exterior, implantar el voto rogado es como anular el derecho de sufragio a la emigración.
-Como principio, no. El voto rogado permite que cualquier persona que esté en el CERA pueda votar. Ahora bien, depende de las dificultades que pueda tener el voto rogado porque en muchos países el sistema de correos es muy deficitario y en otros ni tan siquiera funciona. Entonces habría que ampliar plazos o contemplar otra serie de aspectos técnicos. Por eso la reglamentación técnica del voto en el exterior es tan importante.
-En cuanto al voto en urna, ¿lo ve viable?
-No. Tiene tantas dificultades logísticas y técnicas que complica seriamente el ejercicio del derecho al voto. Cuando escucho decir a algunos políticos, sobre todo en Galicia, voto en urna, voto en urna como sinónimo de transparencia? Los informes técnicos que manejamos revelan que aplicar el voto en urna es lo mismo que decir que el sufragio en el exterior va a ser inexistente. Si un derecho no se puede ejercer, ese derecho no existe. El voto en urna exigiría que la regulación de la actividad electoral contase con una administración electoral en el exterior. Además, no se puede trasladar el derecho interno español de manera sencilla y fácil fuera de nuestras fronteras. Quedan muchas incógnitas por resolver. Quién va a controlar las campañas electorales, cómo se lleva a cabo la constitución de una mesa a través de un sistema de sorteo o en base a qué se obliga a una persona a formar parte de esa mesa. Por ejemplo, un trabajador en Minas Gerais cómo le dice a su jefe que necesitaría al menos tres días porque la mesa se constituye en Bahía o Río.
-¿A cargo de quién correría la administración electoral en el exterior?
-De las demarcaciones consulares. Pero ¿van a poner una oficina, por ejemplo, para 30.000 personas en Uruguay? Y ¿van a votar 30.000 personas en un día? ¿Cómo se administra esto? ¿Cuál es la logística? En Buenos Aires, el 55% viven fuera de la demarcación; en La Habana, el 53%, en Caracas el 30; en París, el 75; en México, 46, en Montevideo, el 20%... Además, el 47% de la actual red consular se compone de secciones consulares con un consejero, un secretario de embajada y uno, dos o tres contratados. Con el voto en urna quedaría excluida muchísima gente. Hasta ahora, el voto entregado en consulado apenas supera el 1,7%. Si se va a aplicar el voto en urna hay que establecer las mesas electorales basándose en la organización consular y esta es claramente insuficiente.
-En la práctica, ¿en qué se traducen los problemas logísticos del voto en urna?
-Si no se puede ir a una circunscripción única para los españoles en el exterior se mantendrán las más de 50 circunscripciones electorales con todas las candidaturas atribuibles a cada una con el correspondiente traslado de urnas, papeletas? Todo esto provoca una misión difícil. Aparte de que el escrutinio de voto en urnas sería muy oneroso. El voto en urna tiene muchas dificultades y además habría que tener los colegios electorales informatizados para acceder al censo y las candidaturas de cada circunscripción para tener la posibilidad de imprimir esa papeleta, lo que abarataría bastante los costes. De todas formas, esa informatización no impediría tener varias urnas por circunscripción y un escrutinio muy complicado.
-¿Cuántas mesas electorales harían falta para el voto en urna y personal en las oficinas consulares?
-Para instalar mesas electorales de acuerdo a las demarcaciones consulares, podríamos estar hablando -dependiendo del número de electores por mesa y en el caso de circunscripción única- de un mínimo de 455 y un máximo de 668. Aún así, no estaríamos aproximándonos a los electores. Tenemos 111 posibilidades de urnas instaladas en consulados, pero habría que acotar porque no vas a meter 30.000 personas en un consulado. Entonces habría que hacer un despliegue de mesas electorales en locales que bien fueran propiedad del Gobierno de España o alquilados.
-La distancia en los países de Iberoamérica también es una dificultad para quienes quieran votar en urna.
-El voto en urna haría descender la posibilidad de participación de una manera considerable y además introduce el riesgo del doble voto si no se regula que una persona que vote por correo quede registrada su opción para evitar que vote en urna y esto sólo se puede lograr informatizando los colegios electorales. Por lo tanto, lo que se requiere en esta reforma de la Loreg de cara al exterior es una amplia reflexión sobre todos los aspectos de carácter técnico que tienen implicaciones importantes sobre la posibilidad o no de ejercer este derecho.
-¿Se contempla la aplicación del voto electrónico?
-El pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior hizo una apuesta muy clara por el voto por correo electrónico. Es la posibilidad más adecuada a los tiempos actuales. El voto exterior podría ser objeto de una experiencia piloto importante. Hay países europeos que en sus votaciones ya están incluyendo el voto electrónico que además de abaratar costes de una administración electoral, impediría los riesgos de fraude por doble voto, por correo y simultáneamente voto en urna. Francia está pensando hacer una experiencia de voto electrónico en el exterior en este momento.
-¿Hay más posibilidades de fraude electoral en el exterior que en Galicia?
-El fraude en el exterior responde a los mismos elementos de fraude que aquí, que son los agentes electorales de los partidos políticos, pero no a los electores. No se puede atribuir el fraude a los electores, sino a los agentes electorales. Y los mismos partidos que en Galicia hacen el carretaxe, lo hacen en el exterior. No son los electores, sino los agentes electorales los que aprovechan las fisuras del sistema para suplantar la voluntad electoral de las personas. Si se actuase con principios democráticos, este fraude no tendría lugar. No hay más fraude en el exterior que aquí.
