Un paso adelante, pero insuficiente. PP y BNG coinciden a la hora de analizar la reforma electoral aprobada el miércoles por la que los emigrantes ya no podrán participar en las elecciones municipales. Aunque se muestran satisfechos con las restricciones que fija la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), populares y nacionalistas gallegos reconocen que en un futuro habrá que abordar nuevos cambios para poner fin a la polémica que desata el voto exterior cada vez que hay una cita con las urnas ya que su peso -supone el 13,7% del electorado en Galicia- puede ser clave para la formación de un gobierno. La participación de la diáspora en las autonómicas y generales, a juicio de PP y Bloque, también deberá ser abordada. Para populares y nacionalistas, el derecho de sufragio en estas convocatorias debería limitarse tan solo a los emigrantes dejando fuera a los hijos y nietos, que en su mayoría nunca han estado ni en la comunidad autónoma ni en el país. Por el contrario, el PSdeG defiende el voto en estos comicios para todos los que tengan la nacionalidad española, ya sean hijos, nietos o bisnietos de emigrantes.
"Es una reforma importante, pero pequeña", apunta la vicesecretaria xeral del PP gallego, Marta Rodríguez Arias. Y por ello defiende que en una próxima modificación se regule la participación en autonómicas y generales, haciendo una distinción entre los emigrantes y sus descendientes".
En la misma línea, el portavoz parlamentario del Bloque, Carlos Aymerich, apuesta por que solo puedan votar "los emigrantes que hace décadas dejaron su tierra" o aquellos que tengan su residencia habitual en Galicia pero que por circunstancias temporales estén en el extranjero. "Es lo que en Portugal se denomina vínculo efectivo, es decir que el derecho de sufragio se limite a quienes hayan nacido en el país donde van a votar o tengan su residencia habitual en él", explica Aymerich.
Desde el PSdeG, su portavoz en Emigración, José Luis Méndez Romeu, se desmarca de nuevas restricciones al voto exterior. "Las municipales son unas elecciones diferentes a las autonómicas o generales. En las locales prima la inmediatez y la convivencia (de ahí la reforma que elimina el voto emigrante y sus descendientes), mientras que en el resto de comicios -argumenta- se trata de una participación como ciudadano español". Una participación que crece año tras año , en especial durante los dos últimos por la aprobación de ley de memoria histórica que amplía la nacionalidad a los hijos y nietos de emigrantes y que conlleva el derecho de sufragio, según recordó ayer Méndez Romeu.
Sobre la propuesta del alcalde de Avión, el municipio gallego con más peso del voto emigrante (53%), de permitir el sufragio a los emigrantes que viajan "con asiduidad" al municipio de origen, ninguno de los tres partidos gallegos la secundaron.
Pese a tratarse de un regidor del PP, la vicesecretaria xeral de los populares gallegos rechaza la posibilidad de establecer fórmulas que abran la participación en las municipales a la emigración. "Debe imperar el principio de equidad. Si un gallego que trabaja en Madrid no puede votar en las elecciones locales, tampoco uno que están en el extranjero", sentencia Marta Rodríguez Arias.
Coincidiendo con la aprobación en el Senado de la reforma del voto exterior, la plataforma de emigrantes contra la privación del derecho de sufragio de los españoles en el extranjero emitió un comunicado en el que tacha los cambios de "grave atentado a la democracia". Según denuncian, Gobierno y oposición han "violado la letra y el espíritu de la Constitución" con este veto a los emigrantes y sus descendientes en las elecciones municipales. "Todos los españoles son iguales ante la ley", recuerdan. Y por ello, una vez publicada la nueva Loreg en el BOE, solicitarán al presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo y presidentes autonómicos la interposición de recursos de inconstitucionalidad.
La gestión durante el bipartito y ahora por parte del PP del hospital gallego de Buenos Aires, que acumula una deuda superior a los 20 millones de euros, enfrentó ayer a socialistas y populares. Ante la decisión de la Xunta de disolver la Fundación Galicia Saúde que gestionaba el emblemático centro que presta asistencia a unos 5.000 gallegos, el portavoz de Emigración del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, denunció el "electoralismo" del actual Gobierno gallego al iniciar este proceso en coincidencia con la reforma electoral que veta a la diáspora en las municipales y reclamó al Ejecutivo autonómico que mantenga las aportaciones al hospital. Desde el PP, el diputado Miguel Santalices le replicó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "siempre tuvo una especial preocupación" por el complejo, que -reconoció- necesita "un modelo de gestión que lo haga viable".
Del déficit que acumula el centro, el diputado socialista responsabilizó al Ejecutivo de Feijóo, al tiempo que denunció los intentos de "privatización" iniciados por la Xunta que, según dijo, adjudicó "sin concurso ni respaldo oficial" la gestión del centro a la empresa vallisoletana 3A Recoletas -que "abandonó seis meses después". Además, cuestionó el "incumplimiento" de la promesa del Gobierno gallego de destinar al hospital 1,5 millones anuales que no figuran en los presupuestos autonómicos de 2011.
La respuesta del PP se centró en exigir al Gobierno central, "del partido" de Méndez Romeu, que pague las ayudas comprometidas al hospital gallego. Sobre la deuda del centro, el diputado Miguel Santalices advirtió de que se debe "en gran parte" a la falta de control del gasto en la etapa en la que Méndez Romeu era conselleiro de Presidencia.
Nota: R. PRIETO A CORUÑA: http://doo.ly/37635
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