PSOE e IU rechazan permitir el sufragio sólo a aquellos ciudadanos que pagan impuestos en el país como pide el PP. Los juristas no critican el planteamiento popular, pero ven muy difícil que la reforma de la ley Electoral prospere a corto plazo.
Oviedo, J. A. ARDURA
La supresión del voto emigrante en las elecciones municipales y autonómicas divide a los principales partidos políticos e incluso a los expertos en derecho constitucional. Aunque PSOE y PP negocian la limitación del voto emigrante en el Congreso, las dos fuerzas políticas mayoritarias mantienen discursos y posiciones muy distantes en Asturias, una autonomía donde el sufragio de la diáspora resultó decisivo en las últimas elecciones regionales para que los socialistas fueran el partido más votado. IU, partido que menos se beneficia del voto emigrante, tampoco es partidario de que la reforma de la ley Electoral recorte el voto a los españoles residentes en el exterior. La opinión de los juristas también varía entre la necesidad de esa medida y la importancia de los obstáculos legales para que pueda llevarse a cabo. En lo que casi todos coinciden es en la dificultad de que una medida de ese calado se adopte en el plazo de un año, el tiempo que falta para las próximas elecciones.
El PP ha sido el primer partido que en Asturias se ha posicionado abiertamente a favor de que se recorte el voto emigrante en los comicios locales. El comité de alcaldes del PP argumenta la reforma en razones económicas y de trascendencia sociopolítica. «No tiene sentido que el voto de personas alejadas de la realidad de nuestro país, que incluso no nacieron en él y que, por supuesto, no pagan aquí sus impuestos, acabe decidiendo el signo de los gobiernos», defienden los populares. El presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, considera «un acierto» la negociación entre los principales partidos para que la iniciativa salga adelante. «El cambio electoral es necesario porque en un sistema democrático no es admisible que el voto exterior llegue a cambiar los resultados salidos de las urnas del territorio español», concluye el PP.
La posición del PSOE asturiano es diametralmente opuesta. En la FSA se considera que la negociación está en una fase muy inicial y se tienen dudas de que pueda prosperar a corto plazo, un criterio que comparten en Ferraz. «Es una cuestión que aún está verde», coinciden den Mariví Monteserín y Álvaro Cuesta, diputados por Asturias en el Congreso. Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados mostraron incluso su extrañeza de que el Gobierno tome una decisión que, en la práctica, supondría un recorte de derechos. «Las políticas de Zapatero, desde que es presidente, no han ido nunca en esa línea sino más bien todo lo contrario». Las mismas fuentes declararon a este periódico que una de las prioridades del PSOE en la reforma de la ley Electoral es la adopción de medidas garantistas que corrijan las deficiencias y lagunas que tiene el sistema español del voto emigrante. Y añadieron que la tramitación que conlleva la reforma de la ley Electoral es muy compleja «y puede alargarse». De todas formas, también apuntan que el dictamen de la subcomisión del Congreso, que se espera para mayo, clarifique las dudas sobre la reforma de la ley Electoral.
IU es muy crítica con el sesgo que está tomado la reforma de la ley Electoral, reclamada desde el principio de la actual legislatura por el diputado Gaspar Llamazares. Luis Miguel Fernández Romero, ex director de la Agencia Asturiana de Emigración, sostiene que la reforma debería mejorar un sistema que actualmente provoca que «uno de cada cuatro votos no se compute y que voten hasta los muertos». Fernández Romero sostiene que la restricción del voto emigrante a sólo las elecciones generales «convertiría este colectivo en ciudadanos de segunda división».
El catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida es de los partidarios de que se suprima el voto a los emigrantes que no tengan residencia en Asturias. «Uno debe votar allí donde es gobernado», manifestó en el congreso «Asturias, presente y futuro». El también constitucionalista Ramón Punset comprende las razones de quienes abogan por ese recorte, pero sostiene que hay obstáculos jurídicos de peso y juzga muy complicado que se puedan salvar en el año. «Hay dos artículos de la Constitución, el 23 y el 68, que establecen que el voto es un derecho fundamental del que no se puede privar a quien tiene la nacionalidad».
Nota: La Nueva España
El PP ha sido el primer partido que en Asturias se ha posicionado abiertamente a favor de que se recorte el voto emigrante en los comicios locales. El comité de alcaldes del PP argumenta la reforma en razones económicas y de trascendencia sociopolítica. «No tiene sentido que el voto de personas alejadas de la realidad de nuestro país, que incluso no nacieron en él y que, por supuesto, no pagan aquí sus impuestos, acabe decidiendo el signo de los gobiernos», defienden los populares. El presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, considera «un acierto» la negociación entre los principales partidos para que la iniciativa salga adelante. «El cambio electoral es necesario porque en un sistema democrático no es admisible que el voto exterior llegue a cambiar los resultados salidos de las urnas del territorio español», concluye el PP.
La posición del PSOE asturiano es diametralmente opuesta. En la FSA se considera que la negociación está en una fase muy inicial y se tienen dudas de que pueda prosperar a corto plazo, un criterio que comparten en Ferraz. «Es una cuestión que aún está verde», coinciden den Mariví Monteserín y Álvaro Cuesta, diputados por Asturias en el Congreso. Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados mostraron incluso su extrañeza de que el Gobierno tome una decisión que, en la práctica, supondría un recorte de derechos. «Las políticas de Zapatero, desde que es presidente, no han ido nunca en esa línea sino más bien todo lo contrario». Las mismas fuentes declararon a este periódico que una de las prioridades del PSOE en la reforma de la ley Electoral es la adopción de medidas garantistas que corrijan las deficiencias y lagunas que tiene el sistema español del voto emigrante. Y añadieron que la tramitación que conlleva la reforma de la ley Electoral es muy compleja «y puede alargarse». De todas formas, también apuntan que el dictamen de la subcomisión del Congreso, que se espera para mayo, clarifique las dudas sobre la reforma de la ley Electoral.
IU es muy crítica con el sesgo que está tomado la reforma de la ley Electoral, reclamada desde el principio de la actual legislatura por el diputado Gaspar Llamazares. Luis Miguel Fernández Romero, ex director de la Agencia Asturiana de Emigración, sostiene que la reforma debería mejorar un sistema que actualmente provoca que «uno de cada cuatro votos no se compute y que voten hasta los muertos». Fernández Romero sostiene que la restricción del voto emigrante a sólo las elecciones generales «convertiría este colectivo en ciudadanos de segunda división».
El catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida es de los partidarios de que se suprima el voto a los emigrantes que no tengan residencia en Asturias. «Uno debe votar allí donde es gobernado», manifestó en el congreso «Asturias, presente y futuro». El también constitucionalista Ramón Punset comprende las razones de quienes abogan por ese recorte, pero sostiene que hay obstáculos jurídicos de peso y juzga muy complicado que se puedan salvar en el año. «Hay dos artículos de la Constitución, el 23 y el 68, que establecen que el voto es un derecho fundamental del que no se puede privar a quien tiene la nacionalidad».
Nota: La Nueva España
No hay comentarios:
Publicar un comentario