La diáspora ya no podrá votar en en las locales de 2011 . Los españoles en el extranjero se quedan sin una circunscripción propia en el Congreso en contra de la promesa electoral del PSOE.
R. PRIETO | A CORUÑA
Los emigrantes ya no elegirán a los alcaldes de su pueblo. Los más de 1,3 millones de españoles residentes en el exterior -unos 350.000 gallegos- no podrán solicitar su papeleta para la cita en las locales de mayo de 2011. Es el acuerdo al que llegó ayer la subcomisión del Congreso que debate la reforma de la ley electoral y que durante semanas mantuvo en alerta a la colectividad gallega en el exterior. Las presiones de las comunidades autónomas con más peso de la emigración, con Galicia a la cabeza, y las movilizaciones de los socialistas en Europa y América frenaron el principio de acuerdo al que habían llegado PP y PSOE en el Congreso para vetar a los emigrantes en todas las convocatorias electorales. Salvo en el Senado mediante la creación de una circunscripción propia que estaría integrada por cuatro o cinco representantes.
Pero la emigración lo dejó muy claro. Por un "puñado de escaños" en la Cámara alta no estaban dispuestos a renunciar a su derecho de sufragio, aunque fuera en las elecciones municipales -unos comicios en los que apenas participa un 5% de los españoles residentes en el exterior ya que el voto es rogado, es decir el elector tiene que solicitar su participación-.
Con el acuerdo de los principales grupos parlamentarios y las reservas de Izquierda Unida y Coalición Canaria, los emigrantes y los hijos y nietos que logren la nacionalidad española podrán seguir votando en las elecciones autonómicas, generales, europeas y referendos. Pero en el caso de las generales no será a través de una circunscripción propia, ni en el Congreso ni el Senado.
Esta decisión, según alerta el presidente de la Ciudadanía Española en el Exterior, el andaluz Francisco Ruiz, contradice el programa electoral del PSOE de dar voz a la emigración a través de sus propios candidatos en la "Cámara dominante", tal y como había prometido el entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera en alusión al Congreso.
El acuerdo para vetar a los emigrantes y a sus descendientes en las municipales se ha adoptado sobre la base legal que determina que al alcalde y a los miembros de la corporación local los eligen "los vecinos", condición de vecindad que no tienen los españoles residentes en el exterior. El informe del Consejo de Estado, remitido a principios del año pasado al Ejecutivo, consideraba "discutible" que los españoles en el exterior puedan votar en los comicios locales. De hacerlo, el órgano asesor -asegura- los hijos y nietos de emigrantes deben demostrar un periodo de residencia en España; mientras que los propios emigrantes también quedarían excluidos si ya participan en las municipales del país en el que residen. Finalmente, el acuerdo del Congreso afectará a los ayuntamientos, los cabildos y las diputaciones provinciales.
Lo que sí se podrá aplicarse finalmente, pese a la complejidad técnica que el Gobierno argumentó para retrasar su puesta en funcionamiento, es el voto en urna, según acordó la subcomisión de la Cámara baja. Pero esta posibilidad no supondrá la eliminación del actual sistema: el voto por correo. Eso sí, siempre que lo solicite el elector. El voto en los consulados se organizará en los tres últimos días de la campaña electoral y las papeletas se enviarán a España por valija diplomática directamente a la junta electoral correspondiente. En ambos casos será necesario la identificación del elector, enseñando el DNI o el pasaporte al depositar el voto en urna en el consulado o bien introduciendo una fotocopia en el voto por correo, medida que ya se aplicó en las últimas elecciones a instancias de la Junta Electoral.
Consejo de Estado
Sobre el voto en urna, tal y como adelantó LA OPINIÓN en marzo de 2009, el Consejo de Estado avaló entonces la complejidad alegada por el Ejecutivo para su puesta en marcha. Según el órgano asesor, su aplicación implicaría que en cada demarcación consular de los 168 países en los que viven españoles hubiera 52 urnas para las elecciones al Congreso y otras 59 para las del Senado, con millones de papeletas de las candidaturas y los sobres. "Exigiría una logística desmesurada que empeoraría de existir más de una mesa electoral", recoge el informe del Consejo de Estado. Un problema de infraestructura que se evitaría con la creación de una circunscripción propia de la diáspora en la Cámara baja para convertir en escaños los votos del exterior. Pese este modelo electoral, que descartó la subcomisión del Congreso, exigiría una reforma de la Constitución, para lo cual es necesario el consenso parlamentario y obliga a la disolución de las Cortes.
Pero la emigración lo dejó muy claro. Por un "puñado de escaños" en la Cámara alta no estaban dispuestos a renunciar a su derecho de sufragio, aunque fuera en las elecciones municipales -unos comicios en los que apenas participa un 5% de los españoles residentes en el exterior ya que el voto es rogado, es decir el elector tiene que solicitar su participación-.
Con el acuerdo de los principales grupos parlamentarios y las reservas de Izquierda Unida y Coalición Canaria, los emigrantes y los hijos y nietos que logren la nacionalidad española podrán seguir votando en las elecciones autonómicas, generales, europeas y referendos. Pero en el caso de las generales no será a través de una circunscripción propia, ni en el Congreso ni el Senado.
Esta decisión, según alerta el presidente de la Ciudadanía Española en el Exterior, el andaluz Francisco Ruiz, contradice el programa electoral del PSOE de dar voz a la emigración a través de sus propios candidatos en la "Cámara dominante", tal y como había prometido el entonces ministro de Trabajo Jesús Caldera en alusión al Congreso.
El acuerdo para vetar a los emigrantes y a sus descendientes en las municipales se ha adoptado sobre la base legal que determina que al alcalde y a los miembros de la corporación local los eligen "los vecinos", condición de vecindad que no tienen los españoles residentes en el exterior. El informe del Consejo de Estado, remitido a principios del año pasado al Ejecutivo, consideraba "discutible" que los españoles en el exterior puedan votar en los comicios locales. De hacerlo, el órgano asesor -asegura- los hijos y nietos de emigrantes deben demostrar un periodo de residencia en España; mientras que los propios emigrantes también quedarían excluidos si ya participan en las municipales del país en el que residen. Finalmente, el acuerdo del Congreso afectará a los ayuntamientos, los cabildos y las diputaciones provinciales.
Lo que sí se podrá aplicarse finalmente, pese a la complejidad técnica que el Gobierno argumentó para retrasar su puesta en funcionamiento, es el voto en urna, según acordó la subcomisión de la Cámara baja. Pero esta posibilidad no supondrá la eliminación del actual sistema: el voto por correo. Eso sí, siempre que lo solicite el elector. El voto en los consulados se organizará en los tres últimos días de la campaña electoral y las papeletas se enviarán a España por valija diplomática directamente a la junta electoral correspondiente. En ambos casos será necesario la identificación del elector, enseñando el DNI o el pasaporte al depositar el voto en urna en el consulado o bien introduciendo una fotocopia en el voto por correo, medida que ya se aplicó en las últimas elecciones a instancias de la Junta Electoral.
Consejo de Estado
Sobre el voto en urna, tal y como adelantó LA OPINIÓN en marzo de 2009, el Consejo de Estado avaló entonces la complejidad alegada por el Ejecutivo para su puesta en marcha. Según el órgano asesor, su aplicación implicaría que en cada demarcación consular de los 168 países en los que viven españoles hubiera 52 urnas para las elecciones al Congreso y otras 59 para las del Senado, con millones de papeletas de las candidaturas y los sobres. "Exigiría una logística desmesurada que empeoraría de existir más de una mesa electoral", recoge el informe del Consejo de Estado. Un problema de infraestructura que se evitaría con la creación de una circunscripción propia de la diáspora en la Cámara baja para convertir en escaños los votos del exterior. Pese este modelo electoral, que descartó la subcomisión del Congreso, exigiría una reforma de la Constitución, para lo cual es necesario el consenso parlamentario y obliga a la disolución de las Cortes.
Esto es peligroso dado que los inmigrantes pueden votar en las vecinales esto implica un inmigrante vota y un español no lo que puede llevar a que los inmigrantes pesen sobre ayuntamientos un disparate ...por supuesto debemos trabajar ahora para volverlo atrás y no permitir la violación de derechos de Españoles y se beneficie inmigrantes o residentes, Rogelio
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