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11 de abril de 2010

El veto al voto de los españoles en el extranjero.


Por: Isidoro Sánchez García.

"Un país que no cuida a sus emigrantes no es un país fuerte" (Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE; Montevideo, marzo 2010, XV Congreso del PSOE América).

Cada vez lo entiendo menos. Me refiero al doble lenguaje de los dos partidos políticos españoles que aspiran a liderar desde La Moncloa, en las elecciones de 2012, el Gobierno de un Estado que sabe perfectamente que hay cerca de un millón cuatrocientos mil ciudadanos que tienen la nacionalidad española y residen en el extranjero, como le gustaba decir al inquieto abogado Antonio Sosa, afincado en Venezuela. De ellos casi noventa mil son canarios. Basta acudir al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) para comprobarlo.

Lo digo por las evidencias que llegan a mi archivo personal por distintos medios y me han hecho saltar del sillón del despacho que está orientado al Teide, al poniente. Por la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales enganchadas a los blogs, a las nuevas tecnologías. Al parecer, se han conformado en el Congreso de los Diputados una subcomisión que estudia las reformas de algunas leyes como la de los Partidos y la Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, de una norma que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, y en el caso que nos ocupa a los que residen en el extranjero, es decir, a los emigrantes. Pretenden en este mes de abril cerrar un acuerdo que impida a los emigrantes votar en determinadas elecciones que se celebrarán en este país emblemático del mundo planetario donde no se ponía el sol, España. Es que quieren limitar el derecho fundamental de votar y ser votado, el ejercicio del sufragio activo y el sufragio pasivo, tal como reconoce la vigente Constitución Española en diferentes artículos.

Curiosamente, intentan formalizar este arreglo descabellado en un mes tan singular como el de abril, tan ligado al mundo de la cultura, el idioma y la lectura. En unos días en los que los miembros españoles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) van a reunirse en Madrid para debatir sus problemas: sociales, económicos y ahora políticos, por este dichoso veto al voto de los españoles en el extranjero, es decir a los españoles repartidos por el mundo.

Por eso todos los responsables de las Asociaciones Españolas del Exterior están mostrando su rechazo de antemano ante tamaña barbaridad, un asalto a los derechos constitucionales de más de un millón de españoles que tienen la desgracia de vivir en el exterior, fuera de casa. Aunque lleves toda una vida en el país de acogida, serás un musiú, como diría el recordado fotógrafo canario, el amigo Justo Molina, que murió en su Venezuela del alma. Como podemos comprobar, se está tratando este asunto en unos momentos en los que el rey de España entregará en Alcalá de Henares el Premio Cervantes al escritor mexicano José Emilio Pacheco. Si don Miguel de Cervantes levantara la cabeza les recomendaría a sus señorías que leyeran bien la Constitución Española de 1978, además del poemario Como la lluvia del poeta mexicano.

Este tema de los derechos fundamentales perdidos por los españoles en el extranjero no es nuevo. Desde las primeras décadas del siglo XX tenemos constancia de la penosa, irregular e injusta situación de los españoles en América, desde el punto de vista de los derechos que pierden y los que no llegan adquirir antes los pueblos y los gobiernos americanos. Bien lo recuerda el periodista canario Francisco González Díaz, en su libro Un canario en Cuba: "Cierto es que después de un período de residencia se les concede nueva ciudadanía, pero tienen que solicitarla, aparejando esta solicitud consecuencias muy tristes para su amor propio. La mayoría tuvo que hacerlo por razones laborales para conseguir que sus familias sobrevivieran, por un mundo mejor. Es que la emigración surge porque las gentes se ven obligadas a marchar fuera porque estaban aventadas por la pobreza social, económica y política de su tierra natal. Se les mira en el país de origen con menosprecio; en el país adoptivo se le humilla y se les censura por el hecho de haber abandonado la nacionalidad originaria. Sólo el tiempo desvanece tales sombras, que no alcanzan a obscurecer la persona de sus descendientes. De ello surge el problema más grave de la emigración española en el mundo nuevo", señaló el destacado orador y escritor canario González Díaz. "Sobre el emigrante radicado pesan todos los deberes; ningún derecho político se le reconoce. Y sin embargo, se ha dado por completo a su patria nueva, la patria en que fundó su hogar definitivo, la patria en que sus hijos nacieron". Lo escribió en 1917.

Creo que muchos conocerán la propuesta que por entonces ya había presentado Justo López de Gomara, un español residente en la República Argentina, al Congreso de las asociaciones españolas que se había celebrado en Buenos Aires. Fue aprobada en los siguientes términos:

1.- Que consideraría justa correspondencia a su colaboración en los progresos nacionales y a la sincera fusión de los españoles radicados en la vida argentina, la amplia concesión de los derechos políticos sin necesidad de solicitarlos.

2.-Igualmente estima de alta conveniencia para los intereses de España en América que aquélla incluyese en su Senado uno o varios representantes designados por las instituciones españolas del Río de la Plata.

Se notaba que don Paco, como llamaban a González Díaz, conocía Cuba y Argentina, ya que trabajó en el periódico bonaerense La Nación, donde coincidió con la pluma de José Martí, hijo de la canaria Leonor Pérez y de un militar valenciano, que enviaba sus crónicas antiespañolas desde Nueva York, donde se había exiliado. A Cuba viajó años más tarde invitado por la Asociación Canaria de la isla grande de las Antillas.

En Internet he podido leer los acuerdos adoptados en ese XV Congreso de las Agrupaciones Socialistas de América, de Montevideo, marzo 2010, presidido por la joven responsable del socialismo español, Leire Pajín. Me llamó la atención el título adoptado: "Avanzando por los derechos de todos los españoles". Una de las resoluciones se refiere a la valoración positiva del desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que ha permitido igualar los derechos de los españoles residentes en España con los residentes en el exterior. Otra señala que quieren seguir profundizando en los derechos sociales de los ciudadanos españoles residentes en el exterior y apoyan el compromiso del Gobierno español por cumplir con su programa electoral en lo relativo a la representación política de los ciudadanos españoles en el exterior.

También pude constatar en algunos periódicos digitales la presencia de algunos líderes del PP en diversas repúblicas del Cono Sur, en Uruguay y en Argentina. Y la reacción de los emigrantes allá afincados: "Perder el derecho al voto es perder la columna vertebral de la democracia". En este caso, creo que el PSOE y el PP deberían tomar nota de la importancia que el presidente del Gobierno autonómico dio a los emigrantes canarios en el reciente Debate sobre el estado de Canarias.

Isidoro Sánchez García (ex viceconsejero de Relaciones Institucionales del gobierno de Canarias, ex senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y exdiputado en el Parlamento Europeo por Coalición Canaria)


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